Ley alternativa de explotación minera en las Filipinas : una política minera basada en los derechos

Miércoles 30 de diciembre de 2009 por Bernardo D. Larin - PhilRights

La organización Philippine Human Rights Information Center (Centro filipino de información sobre los derechos humanos) o PhilRights, una división de investigación e información de la Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA), una coalición nacional de defensores de los derechos humanos que cuenta con más de cincuenta (50) organizaciones, apoya y llama a la aprobación inmediata de la House Bill 6342 o ley para la regulación de la explotación, del desarrollo y de la utilización racional de los recursos mineros (An Act to Regulate the Rational Exploration, Development and Utilization of Mineral Resources).

Si se aprueba, la House Bill 6342, también llamada “ley alternativa de explotación minera” (Alternative Mining Bill – AMB), revocaría de hecho la ley del Estado filipino (Republic Act) 7942 o la ley de explotación minera (Philippine Mining Act) de 1995 que sirve de soporte legal para el gobierno y su promoción agresiva de minería a gran escala especialmente hacia los inversores extranjeros.

En una resolución, PAHRA denunció la ley de explotación minera de 1995 como un instrumento político que va en contra de los derechos humanos ya que “legitima la explotación y la destrucción de los recursos del país en leña y mineral, y por tanto la devastación de las fuentes de subsistencia y de vida en comunidad de las poblaciones”.

La revitalización de la industria minera por medio de la ley de explotación minera de 1995 y del decreto ley 270 ha comprometido el derecho de autodeterminación así como el derecho de los Filipinos y de las poblaciones indígenas a “disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales” y de “garantizar libremente su desarrollo económico, social y cultural”.

Además, los incentivos y tratamientos preferenciales otorgados a las multinacionales y la aceleración de los procedimientos de examen de las solicitudes de explotación minera han causado una serie de violaciones de derechos humanos como actos ilegales para conseguir el consentimiento de la comunidad o intenciones criminales para silenciar oposición a operaciones mineras en la zona.

Asimismo, en razón de la prioridad dada por el gobierno a la explotación minera como estrategia para el desarrollo, las peticiones de reparación de las poblaciones autóctonas y de los habitantes locales o que fueron desplazados o cuya salud y subsistencia fueron comprometidas por causa de las operaciones mineras quedaron a menudo sin respuesta, lo que dejo impotente a la población.

Tenemos esperanza en que, con la aprobación del proyecto de ley alternativa de explotación minera, se instituirá una política minera que da la prioridad a los derechos, a la dignidad y a la voluntad de la población. Creemos que implantaría también mecanismos estrictos de regulación, de monitoreo y de responsabilidad que asegurarían protección medioambiental, respeto de derechos humanos y desarrollo sostenible en los casos en que la explotación minera se autorizaría.

Sin embargo, PhilRights solamente señala que la formulación del artículo 130 (sobre las violaciones de derechos humanos) podría ser técnicamente defectuosa porque en el estado actual del discurso de los derechos humanos, sólo los Estados partes a los tratados de derechos humanos son legalmente responsables para las violaciones de éstos. Este argumento podría ser utilizado por las compañías de explotación minera para librarse de su responsabilidad por sus abusos y engaños.

En consecuencia, esta sería nuestra propuesta para la redacción del artículo 130:

Violaciones de derechos humanos. Asesinatos extrajudiciales, tortura, desapariciones involuntarias, desplazamiento forzado de poblaciones, implementación de controles y de impuestos que impiden la libertad de movimiento en las zonas mineras, privación de fuentes de agua y alimento, compra de votos y corrupción con la intención de obtener consentimiento o apoyo para el proyecto de explotación minera u otros actos análogos constituyen violaciones de derechos humanos. Violaciones de derechos humanos y complicidad de contratistas con actos violando derechos humanos cancelarán inmediatamente los acuerdos mineros. El contratista incriminado, así como las firmas teniendo los mismos directores o ejecutivos que el mismo, se denegarán perpetuamente acuerdos mineros. Todo el equipo y los activos de la firma o de la persona serán confiscados a favor del gobierno.

De la misma manera, ahí esta nuestra propuesta de redacción para el artículo 138, apartado b:

Motivos de cancelación de permisos:

... b. Violaciones de derechos humanos cometidas por el contratista o toda persona actuando en nombre del mismo y complicidad con actos de violación de derechos humanos;

Pero incluso con este añadido, PAHRA apoya completamente la House Bill 6342 y ve la gran necesidad de su aprobación para impedir que la situación de los derechos humanos se deteriore aún más en zonas afectadas por la minería a gran escala en las Filipinas.

Septiembre de 2009
Philippine Human Rights Information Center (PhilRights)
Una organización de la Philippine Alliance of Human Rights Advocates (PAHRA)

Traducción del inglés : Agnès Aliu Marin


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